Autonomía del SAT no es la solución

En momentos en que se está viviendo uno de los debates jurídicos más importantes de la historia con la controversia entre el IFAI y el SAT, no es necesario ni conveniente pensar que la autonomía del órgano recaudador de impuestos sería una solución para evitar que sea vulnerable a decisiones de otras instancias que están poniendo en peligro la secrecía fiscal.
Así lo plantea el procurador fiscal de la Federación, Javier Láinez Potisek, entrevistado por El Economista, en donde reconoce la importancia del ombudsman fiscal y aclara las dudas que se dieron en torno del secreto profesional en materia de lavado de dinero con la iniciativa que presentó el Ejecutivo, en la cual serán sujetos obligados de reportes los abogados y notarios, entre otros.
Pone de relieve que si bien las autonomías tienen cierta lógica, no hay que abusar de esto. “Hay que tener cuidado con las autonomías que se están dando”, advirtió.
Y es que, explicó, la función de la recaudación de impuestos es una facultad exclusiva del Ejecutivo.
“Hay órganos de la administración que por naturaleza tienen que ser del gobierno y la administración”, aseveró.
Incluso alertó que sería como dotar de autonomía a la policía. Refirió que el IFE llegó a eso por nuestra propia historia de conflicto de interés, en donde la propia Cámara calificaba las elecciones presidenciales y la de sus propios miembros.
El Procurador Fiscal matizó que la autonomía no aportaría nada. “Estoy totalmente en contra, no vendría a reforzar al SAT para evitar que sea vulnerable”.
Defensa del contribuyente
Por eso considera que en el conflicto entre el IFAI y el SAT los causantes que se inconformaron ante la CNDH para pedir una suspensión contra la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información -que pidió difundir nombres- pudieron acudir a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente.
“La Procuraduría se opondría a que se saquen los datos personales”, argumentó. Pero después del amparo interpuesto por funcionarios del SAT y la revocación de la suspensión provisional, el asunto llegó al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
“No sabemos qué va a decir”, indicó, pero hace notar que se abrió todo un debate muy interesante porque, si no hay realmente ningún medio de defensa, se estaría viendo que el IFAI sería el único órgano de la administración que no estaría sujeto a revisión de legalidad.
“Sería como un órgano terminal, como la Corte que es el máximo o como el Tribunal Electoral que con lo que dice, se acabó”, dijo Láinez.
Además hizo énfasis en que el IFAI no deja de ser un órgano de la administración pública descentralizado no sectorizado, por lo que si se equivoca perjudica a terceros.
Secreto profesional
Sobre el alcance de la iniciativa antilavado que está en el Senado, el abogado de la Secretaría de Hacienda aseguró que los profesionistas deben estar tranquilos porque no se les pedirá que reporten operaciones sospechosas como sucede en España y Canadá o como lo pide el GAFI.
En este contexto, adelantó que a la iniciativa se le van a hacer ajustes para dejar en claro que no estarán obligados a cumplir la ley a la que está sujeto el sector financiero. Por eso no se introduce la figura de persona políticamente expuesta.
Sólo tendrán que dar cuenta de actividades objetivas por monto y tipo de operación en automático, como sucede en el aeropuerto, en donde el viajero está obligado a informar si lleva más de 10,000 dólares, por ejemplo.
Además, refirió que el secreto profesional no es absoluto, ya que deben colaborar cuando una autoridad lo solicita.
Sin embargo, dijo que no es la intención arriesgar a nadie y por eso se harán los ajustes.
Asimismo, el gobierno federal presentó recientemente al Congreso una iniciativa para combatir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.