ALDF pide exentar de IETU a empleados por honorarios

Debido a que miles de familias fueron afectadas por el IETU, la Diputación Permanente de la ALDF exhortó a la Cámara baja a exentar del pago de este impuesto para 2010 a los empleados por honorarios con una percepción mensual no mayor a 10 salarios mínimos.
Al presentar un punto de acuerdo, los diputados priistas Jorge Schiaffino y Sergio Jiménez Barrios, señalaron que a partir de junio de 2007, la propuesta del Ejecutivo obliga a las personas físicas y morales a cubrir el IETU, lo que afecta la economía familiar.
Recordaron que el Impuesto Empresarial de Tasa Unica (IETU) es de 17.5%; sin embargo, los transitorios de la ley estipulan que para el ejercicio 2008, la tasa sería de 16.5%; para 2009 de 17% y para 2010 y ejercicios subsecuentes de 17.5 por ciento.
Ambos legisladores indicaron que la ley exenta del pago de este impuesto a grupos como la federación, las entidades federativas, los municipios, partidos, asociaciones y frentes políticos, sindicatos y organizaciones científicas, políticas, religiosas y culturales, entre otros.
Por ello, reiteraron el llamado de extender a otros grupos el beneficio del no pago del gravamen, incluso indicaron que empresarios y políticos se han manifestado sobre la contracción económica que ha generado el cobro del IETU y la necesidad de revisar su aplicación.
Indicaron que la Liga de Economistas Revolucionarios de la República Mexicana reporta que a la fecha se han perdido casi 2 millones 400,000 empleos en el país, 300,000 de éstos en el Distrito Federal.
Piden foro sobre seguridad
En otra vertiente, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exhortó al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, a convocar a las diferentes instancias policiacas a un foro de análisis y propuestas que sean incluidas en la iniciativa de ley de seguridad social para los uniformados capitalinos.
La diputada Rebeca Parada Ortega, de Nueva Alianza, sostuvo que la situación actual de los policías es precaria e injusta, por lo que se requiere una rectificación para consolidar el ejercicio de los derechos sociales de estos servidores públicos.