Con certificados de origen de los autos intenta Municipio revertir decreto vehicular

El Municipio solicitará, por medio de un despacho de abogados, que las tres principales armadoras de autos de EU entreguen los certificados de origen de todos los modelos que hayan elaborado en los últimos 20 años para acreditar el porcentaje de las partes originales de las unidades, indicó el secretario del Ayuntamiento, Guillermo Dowell Delgado.

Lo anterior, con el fin de eliminar el pago de impuestos al Comercio Exterior en el proceso de importación de los autos.
El funcionario explicó que el Municipio requerirá a las armadoras Ford, GMC y Chrysler, que son las que contempla el Tratado de Libre Comercio, que expidan las manifestaciones o certificaciones de la composición de los vehículos que hayan fabricado en los últimos 20 años, según su lugar de origen.
Por ejemplo, se deberá detallar qué porcentaje de las piezas de determinado automotor provienen, ya sea de México, Estados Unidos, Canadá o de otros países.
“(Este certificado) sirve para que los exportadores de vehículos puedan hacer la manifestación de composición de la unidad, según su lugar de origen, al que se refiere el Tratado de Libre Comercio. El TLC dice que no se pueden agregar impuestos si el exportador manifiesta con base en documentos, que lo que se está exportando cumple con los postulados de ese acuerdo”, explicó el funcionario.
Con ese certificado de origen y los amparos individuales que presentará el Municipio contra el decreto expedido por Hacienda, los propietarios de los autos no pagarían el impuesto al Comercio Exterior, y el costo de la regularización se reduciría.
Lo que se pretende, anotó Dowell, es que los montos de importación de los autos usados lleguen al menos a lo que se pagaba el año pasado, antes de que el Gobierno Federal publicara este año el nuevo decreto.
Anotó que en caso de que la Federación no revierta las reglas de regularización, a finales de esta semana el Ayuntamiento interpondrá amparos individuales a favor de todos los ciudadanos inconformes con estos precios, a fin de que se reduzcan.
“Estamos previendo que sean miles de amparos, estamos en la preparación de la estrategia”, mencionó.
Agregó que los servicios de la firma de abogados para realizar los trámites antes descritos costarán a la administración municipal 165 mil pesos.
Dowell Delgado dijo que los interesados en ampararse contra las disposiciones del decreto tienen de plazo hasta el 13 de febrero, pero el Municipio empezaría a presentarlos a más tardar este fin de semana.
Consideró que el presidente municipal, José Reyes Ferriz, dará luz verde a la presentación de estos recursos, una vez que se agote la posibilidad de una resolución política.
Anotó que ante la situación los agentes de Tránsito no decomisarán de vehículos “chuecos”, salvo en los casos en que el conductor infrinja la ley.