Habrá presiones de las empresas afectadas sobre los legisladores, pero dependerá de los partidos políticos si van o no contra los monopolios
El Ejecutivo ya tiene lista la iniciativa “antimonopolio” que establece incrementar multas económicas e imponer sanciones penales a los agentes económicos que incurran en una práctica no competitiva, lo cual podría darle “dientes” a la Comisión Federal de Competencia (CFC) para enfrentar intereses privados o de grupo que obstruyen el crecimiento económico de México.
Así lo adelanta Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC, quien precisa que el proyecto del Jefe del Ejecutivo se dirige a implementar sanciones máximas basadas en los estándares de mejores prácticas internacionales.
En el caso de las multas monetarias se propone 10% sobre las ventas anuales de la empresa que haya practicado una acción monopólica relativa o absoluta, detalla.
Actualmente, la multa más alta que aplica la CFC por incurrir en prácticas monopólicas es por 75 millones de pesos, que comparado con la Unión Europea, por 700 millones de dólares, es mínima.
Entrevistado por El Economista, el zar antimonopolios explica que las sanciones penales, que no existen en México, se practicarían a los agentes económicos que incurran en colusión o cartelización de mercados.
También se plantea ampliar las opciones de discusión y resolución no litigiosa al alcance de la CFC y de los actores económicos en controversias sobre prácticas anticompetitivas.
Basados en los estándares internacionales de competencia, ¿qué otros factores fortalecerían a la Comisión, además de sanciones, para combatir a los monopolios?
“Es lo único que le hace falta a la Ley (Federal de Competencia Económica)… la verdad, en el fondo del problema, esto es lo que no está”.
Con esto, ¿se tendría una CFC fortalecida para entrarle de lleno a los monopolios?
“Con esto tendríamos mejores instrumentos para atacar a los monopolios más rápido”, asevera Pérez Motta.
El encargado de promover la competencia dice que una vez concluida la propuesta antimonopolios, corresponde al Jefe del Ejecutivo enviarla al Legislativo, con el fin de apoyarse en los tres proyectos que se encuentran en el Congreso, dos en la Cámara de Diputados y una en el Senado, la cuales ya cuentan con algunos avances.
Habrá presiones sobre los legisladores
La presión de los grupos con intereses estarán presentes, advierte, por lo que habrá muchos agentes económicos que se acerquen a los legisladores y dependerá de los partidos políticos si están convencidos a entrarle a la competencia o no, aunque, agrega: “No veo partido que se oponga”.
“Cuando se toman las decisiones adecuadas, el impacto de más competencia en los mercados es muy rápido (…) y tiene efectos positivos sobre los consumidores”, afirma.
Cuando hay competencia, el ingreso real de los consumidores es mayor (no se pagan sobreprecios) y la distribución del ingreso es menos desigual. Ahora, más de 30% del gasto de los hogares se va a mercados con prácticas desleales.
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